El juez anula la sanción impuesta por la Subdelegación del Gobierno a un compañero por entender que no se ajusta a derecho

El Juzgado Contencioso-Administrativo Nº 2 de Albacete ha fallado a favor de Marceliano Collado en el contencioso que mantenía con la Subdelegación del Gobierno en Albacete y el Ministerio del Interior por una sanción que le fue impuesta, y que la sentencia ha anulado por no ajustarse a derecho.

Queda probado que no hubo alteración del orden público, ni peligro para la seguridad ciudadana en las protestas hacia la exalcaldesa Carmen Bayod por los recortes del Partido Popular que tuvieron lugar en el Acto del Día de la Discapacidad de 2013, durante la Feria de Albacete.

Acompañado por su abogada, María Teresa Márquez y miembros de distintos movimientos sociales, Marceliano Collado ha dado a conocer hoy la sentencia, señalando que “la subdelegación del Gobierno, como el Ministerio del Interior, son reincidentes en la aplicación injusta de la Ley y actúan de forma arbitraria contra ciudadanos y ciudadanas que  se manifiestan pacíficamente por los derechos de la ciudadanía y contra las injusticias fruto de las políticas neoliberales de los gobiernos del Partido Popular”.

 

En la sentencia se pone de manifiesto que en un estado que se pretende social y democrático de derecho, como proclama nuestra actual Constitución, la potestad administrativa no admite arbitrariedad.
La sentencia recoge también lo alegado por la abogada Maria Teresa Márquez, en el sentido de que la conducta de Marceliano Collado no se encuentra tipificada y que el derecho de reunión y manifestación son derechos fundamentales, así como que se ha vulnerado el principio de presunción de inocencia,  al admitir como prueba en contrario la presunta veracidad de lo dicho por los agentes de la seguridad del Estado, cuando lo dicho inicialmente por los agentes se ha evidenciado que no era cierto.

En opinión del afectado, se ha demostrado que tanto con la Ley 1/1992, conocida como Ley Corcuera, aplicada a Marceliano Collado y a otras muchos ciudadanos y ciudadanas,  y con la Ley Mordaza, de lo que se trata es de incriminar y sancionar a personas que ejercen los derechos fundamentales de manifestación y concentración pacífica.

Marceliano Collado ha dado las gracias a personas, colectivos, organizaciones… que le han apoyado y ha añadido que  “esta sentencia debe servir para renovar fuerzas y voluntades para seguir actuando de forma pacífica y unitaria en defensa de los derechos de los trabajadores y de la ciudadanía y de la recuperación de aquellos que nos han sido arrebatados.

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